Salta busca evitar que la ley eléctrica desarme el cobro conjunto

El Senado de Salta analiza adherir con reservas al régimen eléctrico federal para evitar que la prohibición de incluir tributos locales en la factura de luz desarticule el sistema de cobro conjunto. La discusión puede afectar a municipios, usuarios y servicios sanitarios que utilizan ese canal de pago.

El 96,5% de los usuarios abona servicios y tasas a través de esas facturas.

La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional convocó al directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) para revisar la adhesión a la ley nacional 24.065, que ya tiene aprobación de Diputados. En la reunión participaron el presidente de la comisión, Dani Nolasco, y el titular del Enresp, Carlos Saravia.

Saravia sostuvo que la Constitución provincial asigna a Salta la competencia originaria sobre la regulación de sus servicios públicos. También advirtió que adherir sin reservas podría desarticular de inmediato el mecanismo de recaudación conjunta.

El alcance del sistema ayuda a dimensionar la discusión: 36 municipios tienen convenios para cobrar tasas comunales y alumbrado público mediante la factura de Edesa. Aguas del Norte también utiliza ese canal para llegar a sus 330 mil usuarios en toda la provincia, ante la falta de una estructura propia de cobro masivo. El 96,5% de los usuarios abona servicios y tasas a través de esas facturas.

El marco provincial ya contempla el pago por separado. Desde 2024, los usuarios pueden optar por desdoblar los pagos y abonar individualmente los rubros que elijan dentro de la boleta. La ley provincial 8457, vigente desde octubre de ese año, resguarda esa posibilidad.

Saravia explicó que la Nación reformuló el marco regulatorio de la ley 24.065 mediante el decreto 450/2025, luego ratificado en la ley 27.828 de Zonas Frías. Según detalló, el artículo 40, inciso C, limita la facturación al consumo de energía e impide incluir tributos locales u otros servicios. También señaló que esas disposiciones tienen cuestionamientos judiciales y fallos contrapuestos.

Por su parte, la directora del Enresp Silvina Vargas planteó excluir también el artículo 71 de la norma federal. Esa disposición prevé responsabilizar solidariamente a las provincias y a los entes reguladores ante eventuales deudas de las distribuidoras con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

El Senado continuará analizando la iniciativa para elaborar un dictamen que, según señalaron integrantes de la comisión, defienda los intereses de la provincia. La discusión no es solo sobre cómo se organiza una factura: también pone en juego el sistema de cobro conjunto que utilizan municipios y servicios sanitarios.

Fuente: El Tribuno