La ley Malvinas avanza, pero sus aliados exigen borrar cuatro artículos
La iniciativa se debatirá en Diputados el 12 de noviembre. La discusión se concentra en sanciones por presunta injerencia extranjera y en las atribuciones que tendría el Consejo de Seguridad.
El proyecto de Defensa de la Soberanía se debatirá en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre, pero el oficialismo llega con diferencias entre sus aliados: varios piden retirar cuatro artículos y anticiparon que los rechazarán si siguen en el texto.
Los diputados que firmaron en disidencia anticiparon que los rechazarán en la votación en particular si el oficialismo no acepta eliminarlos.
La Libertad Avanza confía en reunir los votos para aprobar el dictamen sin cambios. El despacho recibió el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal, aunque hubo firmas en disidencia. Por Provincias Unidas firmaron así José Núñez y Pablo Farías; por Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Alberto Arrúa. También lo hizo la radical Karina Banfi, de su monobloque.
El reclamo apunta a los artículos 127 al 130, incluidos en el título VII: “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”. Ese tramo fue modificado para reunir las 60 firmas del dictamen y establece cambios en el Código Penal, con sanciones que incluyen penas de prisión.
El punto más discutido es el nuevo artículo 129, que reemplaza al 111 de la versión original. Busca penalizar la posible injerencia extranjera en un proceso electoral o en la opinión pública. El texto excluye la actividad diplomática, el ejercicio periodístico y la investigación académica, pero legisladores aliados cuestionan que alcance a acciones realizadas de forma “clandestina, engañosa, coercitiva o ilícita” para alterar una elección. Algunos temen que pueda usarse para perseguir a dirigentes opositores.
Los otros artículos prevén penas para quienes pongan secretos del Estado a disposición de un país o servicio de inteligencia extranjero, y para quienes colaboren con la logística de una operación clandestina de inteligencia en el país por cuenta de un Estado extranjero. Los diputados que firmaron en disidencia anticiparon que los rechazarán en la votación en particular si el oficialismo no acepta eliminarlos.
La discusión también alcanza al título V, que habilita al Consejo de Seguridad —controlado por el Poder Ejecutivo— a revisar y dar conformidad a inversiones de Estados extranjeros o de personas jurídicas bajo su control. La atribución se aplicaría a operaciones vinculadas con defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos y minería, cuando involucren “infraestructuras críticas”, definidas por el propio Consejo.
El proyecto de la Casa Rosada fue presentado para ratificar la defensa de la soberanía en las Malvinas, proteger los recursos naturales y endurecer sanciones ya previstas en la legislación argentina. La disputa se cruza con el proyecto petrolero Sea Lion, administrado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.
Estados Unidos expresó preocupación por la posibilidad de que las sanciones alcanzaran no solo a las empresas que operan en Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. Tras esa presión, el Gobierno aceptó limitar las sanciones a empresas que operen ilegalmente en el país, ya sea en forma directa, como proveedoras o como accionistas directas de la iniciativa. Las subsidiarias quedarían exentas.
La sesión fue convocada para el 12 de noviembre, un día después de que el papa León XIV concluya su visita al país. El oficialismo busca llegar con los votos. La disputa no pone en peligro el resultado de la votación, aunque podría provocar ruido político en el recinto.
Fuente: Clarín
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