Salta volvería a votar con máquinas: ¿cuánto cuesta y quién controla?
Las elecciones provinciales están previstas, en principio, para el 16 de mayo de 2027. Los adelantos sobre el desdoblamiento anticipan que no habría PASO y que se usaría otra vez la Boleta Única Electrónica, mientras sigue abierto el debate por el gasto y la auditabilidad.
Salta podría volver a votar con la Boleta Única Electrónica (BUE) el 16 de mayo de 2027. Si se concreta ese escenario, la Provincia mantendría un sistema cuyo costo pasó de cerca de $475 millones en 2021 a casi $5.500 millones en 2025, y que sigue bajo discusión por sus mecanismos de control.
La pregunta para Salta es cuánto cuesta sostener esa infraestructura y qué herramientas tienen los partidos y la ciudadanía para verificar que el registro coincida con la voluntad de cada votante.
La fecha está contemplada en principio para las próximas elecciones provinciales. Los adelantos de funcionarios sobre el desdoblamiento permiten anticipar que no habría Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que se volvería a contratar a Magic Software Argentina (MSA), proveedora de las terminales de votación en Salta desde 2011. El decreto de convocatoria todavía estaba pendiente, según el texto fuente.
En los comicios provinciales de mayo de 2025, la Provincia destinó cerca de $5.500 millones a la BUE. El contrato con MSA incluye máquinas, software, boletas con chip, soporte técnico y escrutinio provisorio. La evolución del gasto fue de cerca de $475 millones en 2021, alrededor de $1.000 millones en 2023 y casi $5.500 millones en 2025. La comparación debe considerar la inflación y las diferencias en el alcance de cada contratación, pero la suba muestra el peso creciente del sistema en el presupuesto electoral.
La alternativa de papel también entró en la discusión. En las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025 se usó por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). Nueve diputados libertarios impulsaron un proyecto para reemplazar la BUE en las elecciones provinciales. En sus fundamentos, estimaron que el sistema de papel costaría $1.200 millones para un padrón de 1.116.735 electores: cuatro veces menos que la cifra destinada a la modalidad electrónica en mayo de 2025.
Esa cifra es un cálculo de los legisladores, no un costo ya aplicado en una elección provincial salteña. Su propuesta sostiene que la BUP sería “mucho más económica y transparente”. El proyecto quedó empantanado en la Cámara baja.
La diferencia entre ambos modelos no pasa solo por el precio. Con la BUP, el elector marca sus preferencias con una lapicera en una papeleta que reúne a las agrupaciones y categorías, y luego la deposita en una urna. El conteo se hace sobre los votos físicos, con participación de las autoridades de mesa y los fiscales partidarios. No requiere terminales, impresoras, chips ni soporte técnico para operar máquinas durante la jornada.
La BUE, en cambio, imprime una boleta y registra la información en un chip. El contrato con MSA abarca máquinas, software, boletas con chip, soporte técnico y escrutinio provisorio. La pregunta para Salta es cuánto cuesta sostener esa infraestructura y qué herramientas tienen los partidos y la ciudadanía para verificar que el registro coincida con la voluntad de cada votante.
Los antecedentes locales forman parte de esa discusión. En 2015 se denunció el reemplazo de una cantidad significativa de máquinas, problemas de impresión, fallas de transmisión y dificultades para fiscalizar intervenciones técnicas. También se identificaron vulnerabilidades vinculadas con la tecnología RFID: se demostró que podían introducirse múltiples registros en determinados chips y generar inconsistencias en el conteo electrónico.
En 2019, especialistas informáticos cuestionaron los impedimentos para auditar integralmente el código fuente del software. En 2023, se solicitó el secuestro de máquinas por diferencias entre la selección en pantalla y la impresión; también se denunciaron intervenciones irregulares de técnicos en máquinas electorales.
Brasil ofrece otro modelo para comparar. Usa urnas electrónicas desde 1996, pero, a diferencia de Salta, no imprime una boleta individual: el elector ingresa los números de sus candidatos, verifica los datos en pantalla y confirma. El voto queda almacenado digitalmente. En ninguno de los dos sistemas las urnas están conectadas a internet durante la votación.
Al cierre, cada urna brasileña produce un “Boletim de Urna” con los resultados de esa mesa, que permite contrastarlos con la publicación oficial. El sistema también tiene un Registro Digital del Voto, que almacena los sufragios de manera aleatoria y sin asociarlos con la identidad del elector. El Tribunal Superior Electoral realiza pruebas públicas de seguridad, controles de integridad y verificaciones de firmas digitales. Sin embargo, el modelo permite revisar resultados por mesa, pero no reconstruir los votos mediante el recuento de boletas individuales.
En diciembre de 2021, el TSE adjudicó a Positivo Tecnología la fabricación y provisión de hasta 176.000 urnas por aproximadamente 1.179 millones de reales, unos 220 millones de dólares. El contrato también contemplaba componentes y servicios asociados, por lo que esa cifra no representa el precio aislado de cada máquina. Brasil mantiene un parque propio de equipos para sucesivas elecciones; Salta, en cambio, contrata el servicio para cada elección provincial.
Los sistemas electrónicos se usan en 30 países, tras verificarse inconsistencias en distintas partes del mundo. El debate salteño, entonces, no se agota en comparar una factura con otra: también pone sobre la mesa qué respaldo queda después de votar y quién puede comprobar, de manera independiente, que cada sufragio fue contado como corresponde.
Fuente: El Tribuno
Redacción asistida por inteligencia artificial, con control y verificación humana. Política editorial
